La Cámara de Diputados aceptó ayer el veto del Poder Ejecutivo sobre la cuestionada ley que regula la activación de líneas de telefonía móvil. Esta norma obliga a los usuarios de todo el país, bajo amenaza de cancelación de servicio y multas, a registrar cada chip con las huellas dactilares.
Diputados, en sesión ordinaria, aceptaron el veto del presidente Horacio Cartes con una ajustada votación de 25 votos a favor de la objeción y 24 en contra. La resolución fue remitida al Senado pero ya es de mero trámite. El texto original fue presentado en 2015 por el cartista Walter Harms, cuando este era líder de la “Bancada B”.
Tadeo Rojas (ANR, cartista), exministro del Interior y titular de la Comisión de Obras, justificó el veto porque la normativa obstaculiza el acceso ciudadano a la telefonía móvil. Además no existe una base de datos de huellas dactilares para comparar el registro ni medidas de seguridad para su almacenamiento. Así también, cuestionaba el plazo de solo 12 meses para obligar a todos los usuarios de todo el país a renovar los contratos de sus respectivas líneas.
El colorado disidente José María Ibañez (imputado), usando un tono casi sarcástico, alabó el proyecto porque serviría para identificar llamadas de fraude desde la cárcel de Tacumbú.
Harms defendió su proyecto. Dijo que le preocupa la facilidad con la que se puede adquirir un chip con datos falsos y una copia de cédula.
Leer la nota completa en Diario ABC
