La causa penal contra presuntos narco concejales de la gobernación de Amambay se encuentra estancada debido a que hace 4 años está pendiente de resolución una acción de inconstitucionalidad en la la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia promovida en setiembre del 2017, lo cual podría ser motivo de suspensión del inicio del juicio oral previsto para los primeros días de noviembre. El hecho data del año 2015, cuando los concejales departamentales Augusto Quevedo Isnardi, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), José María Bogado Martínez del Partido Colorado y el agente policial Vicente Arévalos Coronel, estuvieron implicados en la carga de 252 kilos de cocaína que fue incautada en Pedro Juan Caballero, pero que luego desapareció de la Jefatura Policial de dicho departamento. A inicios de enero del 2015 fueron incautados 252 kilos de cocaína en un procedimiento en la zona de colonia Fortuna Guazú, Pedro Juan Caballero, que estaban vinculadas a los concejales César Augusto Quevedo Isnardi (PLRA) y José María Bogado Martínez (ANR). Las alarmas saltaron cuando la droga incautada desapareció días después da la Armería de la Jefatura Policial de Pedro Juan Caballero, a través de un boquete al patio de la Gobernación de Amambay, cercana a la sede policial.
La causa penal contra presuntos narco concejales de la gobernación de Amambay se encuentra estancada debido a que hace 4 años está pendiente de resolución una acción de inconstitucionalidad en la la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia promovida en setiembre del 2017, lo cual podría ser motivo de suspensión del inicio del juicio oral previsto para los primeros días de noviembre.
El hecho data del año 2015, cuando los concejales departamentales Augusto Quevedo Isnardi, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), José María Bogado Martínez del Partido Colorado y el agente policial Vicente Arévalos Coronel, estuvieron implicados en la carga de 252 kilos de cocaína que fue incautada en Pedro Juan Caballero, pero que luego desapareció de la Jefatura Policial de dicho departamento.
El político de la ANR se encuentra en rebeldía, mientras que los otros dos acusados se encuentran recluidos en la penitenciaría de Pedro Juan caballero.
La Sala Constitucional que debe resolver la citada acción está integrada por los ministros César Diesel, Eugenio Giménez Rolón y Antonio Fretes. Actualmente, los mismos aguardan la recepción del expediente principal, que fue solicitado el pasado 16 de agosto por el presidente el tribunal de sentencias de Horqueta, Darío Estigarribia. Una vez devuelto el expediente, los ministros deberán analizar la cuestión de fondo de la acción de inconstitucionalidad.
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