En el marco del cumplimiento del Código de Ejecución Penal, un equipo técnico de la Coordinación de Supervisión Penitenciaria llevó a cabo jornadas de control y monitoreo interinstitucionales en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero. La magistrada Dalmi Gómez, del Juzgado de Ejecución Penal de la Circunscripción de Amambay, otorgó beneficios procesales durante la jornada, acompañada del juez de Ejecución Penal de Canindeyú y el juez Penal de Garantías de Pedro Juan Caballero, abogado Álvaro Rojas.
En el marco del cumplimiento del Código de Ejecución Penal, un equipo técnico de la Coordinación de Supervisión Penitenciaria llevó a cabo jornadas de control y monitoreo interinstitucionales en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero. El objetivo principal fue verificar los procesos penales a través de entrevistas a las personas privadas de libertad, con el fin de comprender su situación judicial y actuar en consecuencia conforme al marco normativo.
La Coordinación de Supervisión Penitenciaria de la Corte Suprema de Justicia, encabezada por Lilian Luraschi, lideró las tareas de control en este centro de reclusión. La magistrada Dalmi Gómez, del Juzgado de Ejecución Penal de la Circunscripción de Amambay, otorgó beneficios procesales durante la jornada, acompañada del juez de Ejecución Penal de Canindeyú y el juez Penal de Garantías de Pedro Juan Caballero, abogado Álvaro Rojas.
En este contexto, la Acordada N° 30/1996 faculta a la Coordinación de Supervisión Penitenciaria a supervisar y controlar tanto las infraestructuras de los recintos penitenciarios como la calidad de vida de las internas.
Durante la actividad, se constató una cantidad considerable de población indígena en situación de vulnerabilidad. Se prevé iniciar un proceso de mejora en la calidad de vida de estas personas, basándose en un estudio previo de sus necesidades.
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