Esta ley, cuya aprobación o veto se halla a consideración de Santi Peña, no sólo originó su rechazo por parte de la sociedad civil y empresarial de nuestro país, sino de entidades internacionales que no ven con buenos ojos la excesiva restricción estatal contra la autonomía de la ciudadanía organizada, lo cual iría desde todo punto de vista contra la Constitución, como lo reconoció el propio jefe de Estado, al señalar que no debería dejar un nefasto precedente, como sería el caso de avalar una ley inconstitucional durante su mandato. Pero ahora el mismo presidente es consciente que la ley no le trae ningún beneficio a la imagen externa de su gobierno y del cartismo, más aún cuando el Patrón Horacio Cartes debe hacer buena letra con Estados Unidos con miras a reiniciar relaciones con el nuevo gobierno, y más aún si es de Donald J. Aunque la versión oficial paraguaya atribuye la retirada de Ramírez Lezcano a las crecientes restricciones presupuestarias que sufre la OEA y le dejan a su secretario general con poco margen de maniobra para influir en forma más decisiva en el concierto de naciones de las Américas, en el círculo áulico de HC se evalúa que el veto de Peña a la ley Anti-ONG podría ser vista como una señal favorable emitida desde el unicato cartista, cuya deriva autoritaria va creciendo y origina la contrariedad de otros gobiernos amigos y de aliados como Estados Unidos, que no estarían de acuerdo en que el nuevo secretario general de la OEA provenga de un gobierno que aplica restricciones a su sociedad civil, como es el cometido de la ley Anti-ONG. El comando cartista de estrategia política estuvo esperando una señal proveniente de Estados Unidos, pero ni siquiera un cambio en la administración de la mayor potencia mundial en las elecciones del próximo martes 5 de noviembre, si se consuma la ajustada victoria de Trump que predicen algunas encuestas, estaría “salvando” a Peña de una nota negativa en el caso de la promulgación de la ley Anti-ONG, que precisamente tiene entre sus fines poner la lupa en los recursos que la USAID (la agencia norteamericana de ayuda al mundo en desarrollo) destina a ONG paraguayas que en algunos casos son dirigidas por personas opositoras, de acuerdo con lo expresado por algunos exponentes del ala dura del cartismo. Pero llamar a una reforma sólo para satisfacer las apetencias de más poder del grupo político dominante en la actualidad, sólo serviría para convalidar el proceso autoritario del unicato cartista, cuyo máximo exponente es ahora la posible promulgación de la ley Anti-ONG por parte de Santi Peña, quien tiene así en sus manos la oportunidad de oponerse al ala dura del cartismo o quedar ante la historia como quien promulgó una ley inconstitucional, como él mismo lo reconoció.
El fiscal general Emiliano Rolón habla en el Palacio de López después de una reunión orientada a la lucha contra la corrupción. Detrás aparece el presidente de la República, Santiago Peña, en compañía del ministro de la Corte Suprema, César Diesel.
El presidente de la República, Santiago Peña, dio a entender que se toma su tiempo para decidir si veta en su totalidad o en forma parcial la controvertida ley Anti-ONG, que puso a su gobierno en la mira de la sociedad civil y empresarial de nuestro país, así como se ha visto ahora que afecta también negativamente la imagen internacional del Gobierno que preside. Pero si avala con su firma este instrumento legal que se erige como una cortapisa a la sociedad civil, estaría confirmando la deriva autoritaria sin retorno del cartismo, causando el resquemor de países aliados como Estados Unidos.
Ahora ha trascendido que el Paraguay bajaría a su canciller Rubén Ramírez Lezcano de la candidatura a la secretaría general de la OEA (Organización de los Estados Americanos), siendo una de las razones el impacto negativo en el exterior de la aprobación por el Congreso de una muy restrictiva supervisión sobre las ONG (Organizaciones No Gubernamentales), cuya denominación oficial es la ley “que establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”.
Esta ley, cuya aprobación o veto se halla a consideración de Santi Peña, no sólo originó su rechazo por parte de la sociedad civil y empresarial de nuestro país, sino de entidades internacionales que no ven con buenos ojos la excesiva restricción estatal contra la autonomía de la ciudadanía organizada, lo cual iría desde todo punto de vista contra la Constitución, como lo reconoció el propio jefe de Estado, al señalar que no debería dejar un nefasto precedente, como sería el caso de avalar una ley inconstitucional durante su mandato.
Leer la nota completa en Primera Plana
