Por favor no lean el próximo párrafo. Difícilmente lo entenderán y no es placentero leerlo. Se trata de una pequeña muestra de lo que viene en las 297 páginas del acuerdo de paz entre el Gobierno Colombiano y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) sobre el cual los colombianos se pronunciarán en un plebiscito el 2 de octubre. Lo incluyo aquí solo para dar una muestra del sabor del documento.
“En desarrollo del Acuerdo sobre CFHBD y DA tanto la Fuerza Pública como las FARC-EP, deben cumplir con las Reglas que rigen el CFHBD y DA, así como con los demás capítulos y protocolos que integran el Acuerdo sobre CFHBD y DA. El MM&V tiene acceso sin limitación a las ZVTN estipuladas en el anexo X del presente acuerdo y a las unidades de la Fuerza Pública, comprometidas en los dispositivos estipulados en el anexo Y del presente Acuerdo”.
Con toda seguridad, solo un pequeño porcentaje de los colombianos leerá el texto entero. Pareciera que el Gobierno Colombiano cuenta con eso, pues, junto con sus partidarios, está en plena campaña promocionando la idea de que quienes critican el acuerdo favorecen la guerra. Quienes lean el documento, sin embargo, entenderán por qué la ONG defensora de derechos humanos Human Rights Watch lo critica en términos severos. José Miguel Vivanco, representante de la ONG, califica el acuerdo de “fachada de justicia en nombre de la paz” y sostiene que garantiza la impunidad.
Colombia representa un retroceso en la práctica internacional. Desde el caso sudafricano a principios de los noventa, los crímenes de guerra o lesa humanidad han sido procesados en cortes internacionales o cortes ad hoc donde se imparte justicia como parte de los acuerdos de paz. No así en el caso colombiano que “castiga” a tales criminales con servicio comunitario y no con la privación de la libertad.
Es más, los mismos criminales confesos tendrían derecho, contrario a la Constitución colombiana, a participar en la política incluso mientras cumplen su supuesta condena. El acuerdo garantiza 10 escaños a las FARC en el Congreso y 16 más en ciertas zonas especiales que se crearán y en las que los partidos que ya están representados en el Congreso “no podrán inscribir candidatos”.
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