El 2 de enero entró en vigor el contrato de concesión sobre el estacionamiento tarifado, firmado en 2016 y presuntamente infringido luego por el consorcio Parxin, en contra de la Ley de Concesiones y de Servicios Públicos, así como del pliego de bases y condiciones de la licitación. Los problemas con la ejecución surgieron de inmediato, pese a que el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista) había ordenado el inicio de los trabajos cuatro meses antes. La Secretaría de Defensa del Consumidor pidió varios datos sobre la situación, y es de esperar que también intervengan otros organismos contralores. Es inconcebible que sigan faltando reglas claras en cuestiones que afectan el bienestar y el bolsillo de los contribuyentes. Es hora de que estos se hagan sentir, firme y sostenidamente, para evitar que quienes deben ser sus servidores se sirvan de ellos.
Vergonzosa burla de Parxin y la Municipalidad a los automovilistas
El 2 de enero entró en vigor el contrato de concesión sobre el estacionamiento tarifado en tres zonas de la capital del país durante quince años, firmado en 2016 y presuntamente infringido luego por el consorcio Parxin, en contra de la Ley de Concesiones y de Servicios Públicos, así como del pliego de bases y condiciones de la licitación. Los problemas con la ejecución surgieron de inmediato, pese a que el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, cartista) había ordenado el inicio de los trabajos cuatro meses antes.
Parxin, que se quedará con el 65% de los ingresos durante quince años, tuvo tiempo suficiente para tomar las medidas que permitan una ejecución sin tropiezos, pero ocurre que ahora los usuarios no pueden emplear sus teléfonos móviles para el pago porque los datos solicitados en la aplicación son confusos, que ella contiene errores de localización de las zonas tarifadas y de los puestos de pago, que el consorcio no emitió facturas por los primeros ingresos, que faltan señalizaciones y que los cuidacoches no salieron de las calles en las que actúan empleados de Parxin. La ley citada obliga al...
Como nada de ello había ocurrido hasta el viernes, la Secretaría de Defensa del Consumidor y del Usuario (Sedeco) hizo bien en efectuar inspecciones y en conminar a la concesionaria a entregarle datos sobre el contrato, sobre las medidas de ciberseguridad y contingencias ante fallas del sistema y sobre los medios de pago, entre otras cosas. Según la responsable de esa institución, Sara Irún, un eventual sumario podría concluir con la imposición de multas o hasta con la suspensión del servicio, de acuerdo a la Ley de Defensa del Consumidor y del Usuario. La de Concesiones y Servicios...
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