No se puede dividir un juicio oral para las personas que fueron acusadas conjuntamente por la Fiscalía. El juez Humberto Otazú elevó a juicio oral el caso contra la ex jueza Nathalia Garcete, Olivia Mosqueda, Sun Young Bang, José Olmedo Lansac, César Bogarín Alen, Óscar Rivela Gregor y Cristian Martínez Meaurio. La defensa de Olmedo Lansac señaló que la causa investiga hechos totalmente conectados entre los involucrados, por lo que se debía esperar la realización de la preliminar para hacer un único juicio oral. Tras exponer los detalles del caso, sostuvo que los agravios se resumían en la falta de copias físicas del expediente y el desorden que podría generar fijar un juicio oral para algunos acusados, teniendo en cuenta que aún estaba pendiente la audiencia preliminar de otros. “La separación de los mismos entre quienes se encuentran en situación de definir sobre sus actos en la audiencia preliminar y la de otros –acusados en la misma causa– para los que se ha señalado día y hora del juicio oral y público, constituye un despropósito, cuando en una sola audiencia deberían ser recibidas las pruebas ofrecidas por las partes y escuchados y juzgados todos, a fin de evitar un desorden procesal por el juzgamiento, separado de quienes fueron acusados por un mismo hecho punible”, argumenta. Acota que, claramente, realizar un juicio oral para una porción mínima de acusados y estando pendiente la preliminar para otros, constituiría una separación de juicios, sin que haya peligro de extinción o prescripción del caso.
No se puede dividir un juicio oral para las personas que fueron acusadas conjuntamente por la Fiscalía. Con este argumento, el Tribunal de Apelación suspendió el juzgamiento para esperar la preliminar de los demás procesados en uno de los casos de la mafia de los pagarés.
La resolución fue dictada por los camaristas Arnulfo Arias, Gustavo Amarilla y Silvana Luraghi, quienes revocaron parcialmente la decisión de los jueces Matías Garcete, Adriana Planás y Sonia Sánchez, que convocaron a juicio a los procesados.
Veamos. La Fiscalía acusó a 14 personas, entre ellas, la entonces jueza de Paz de La Catedral, Nathalia Garcete, los actuarios, ujieres, oficiales de Justicia y varios abogados, por supuesto prevaricato, producción y uso de documentos públicos de contenido falso.
Supuestamente, existe sospecha de tramitaciones ilícitas de juicios ejecutivos para los cobros de los pagarés.
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