La restricción de las libertades públicas con motivo de la pandemia ha generado mucho debate en los últimos meses. La aparición de la vacuna significa, para muchos, el ansiado regreso a la normalidad. Sin embargo, como ya anticipó el ministro Mazzoleni, esto está lejos de ser el milagro esperado: “La vacuna no es la solución, […]
La restricción de las libertades públicas con motivo de la pandemia ha generado mucho debate en los últimos meses. La aparición de la vacuna significa, para muchos, el ansiado regreso a la normalidad. Sin embargo, como ya anticipó el ministro Mazzoleni, esto está lejos de ser el milagro esperado: “La vacuna no es la solución, se deberá seguir con los protocolos de distanciamiento social, uso de mascarillas, lavado de manos, etcétera”. Entonces, ¿para qué la vacuna? ¿Cuál es su utilidad si no nos garantiza inmunidad?
Las vacunas contra el Covid-19 fueron elaboradas en un lapso de seis meses, frente a otras cuya creación demoró quince años. De ahí la pregunta: ¿son seguras? Algunos científicos aseveran que no son en realidad vacunas sino medicamentos génicos, afirmando que no se ha logrado el aislamiento y la purificación del virus como tal. Por lo tanto, los laboratorios deberían especificar el verdadero contenido de las vacunas (“ARN mensajero”) e informar a los pacientes (clientes) sobre su eficacia. ¿Protegen de la muerte? ¿Protegen del contagio? Ya se trate de vacunas génicas, sintéticas o...
Las autoridades sanitarias solicitaron exonerar a los laboratorios de toda responsabilidad por cualquier consecuencia adversa que las vacunas pudieran producir. Es decir, el Estado paraguayo pretende liberar de toda responsabilidad a los laboratorios en caso de efectos secundarios –a petición de ellos, por supuesto–, como requisito para proseguir las negociaciones para la provisión de las vacunas. ¿Por qué esta inmunidad legal? ¿Se justifica? El Estado debería combatirla y los expertos independientes deben exponer en debate público la verdad bajo el juramento hipocrático de proteger la vida...
Por otro lado, durante la pandemia, el Estado ha sido el gran ausente en cuestiones clave como el precio del test PCR, dejado en manos de empresarios poderosos que durante décadas han facturado miles de millones proveyendo al Estado insumos médicos y otros. El gobierno no fijó un precio máximo para estas pruebas, cuando debería haberlo hecho, razón por la cual muchas personas se vieron obligadas a adquirir los tests a costos muy elevados. Esto demuestra la necesidad imperiosa de fijar un precio máximo de venta para las vacunas cuando sean comercializadas por privados.
Leer la nota completa en El Nacional
