Abogados de la zona indicaron que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y la Superintendencia de la Corte Suprema deberían auditar de manera urgente todos los juzgados en Ciudad del Este, ante fundadas sospechas de que son varios los jueces que habrían concedido resoluciones de habeas corpus preventivos a personas que se identifican presuntamente como empresarios, sin embargo, están vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado. El caso estalló luego de conocerse que el capo narco Lindomar Reges Furtado y su pareja Gladys Duarte, quienes la semana pasada se fugaron de manera espectacular del Paraná Country Club durante un allanamiento fiscal-policial, tenían sendos habeas corpus preventivos, expedidos por los cuestionados jueces Carlos Vera y Cinthia Garcete.
El habeas corpus es uno de los institutos más importantes y preciados de una sociedad libre, creado para proteger al ciudadano de los abusos del poder público. Sin embargo, aquí en el Paraguay se lo usa para proteger a delincuentes. Dice el artículo 133 de la Constitución Nacional que esta garantía podrá ser interpuesta por “toda persona, en trance inminente de ser privada ilegalmente de su libertad física”, por la que se “podrá recabar el examen de la legitimidad de las circunstancias que, a criterio del afectado, amenacen su libertad, así como una orden de cesación de dichas restricciones”.
El habeas corpus es un remedio indudable para acosos policiales y otras formas de abuso del poder público, pero para serlo debe producir una orden de cesación de actividades remitida a la Comandancia de la Policía, cosa que hasta el momento no se ha dado a conocer, ni en el caso de Lindomar ni en el caso de su pareja.
Pero, además, el remedio a la extorsión no es el hábeas corpus, sino la denuncia penal ante el Ministerio Público. Tomado conocimiento fehaciente de la comisión de un hecho punible, los funcionarios públicos están obligados a denunciarlo. No está a su discreción no hacerlo. Un juez está obligado a conocer la ley, las medidas legales, sus alcances, sus límites, sus marcos de aplicación y no puede remediar la comisión de delitos con el uso particularizado de garantías constitucionales.
No se puede aceptar que un magistrado pretexte vaguedad alguna en la aplicación de la Constitución y las leyes, pues se les paga por conocerlas al dedillo, para aplicarlas con precisión y se supone que fueron elegidos por su profunda versación en las mismas, indicaron abogados consultados sobre el tema. Por tal motivo, los órganos de control como el JEM y la Superintendencia de la CSJ deben investigar de forma urgente a estos dos magistrados y auditar todos los demás juzgados de CDE, indagando sobre las condiciones de la expedición de habeas corpus preventivos.
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