La decisión del actual Gobierno de allanarse a la demanda presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la familia del periodista Santiago Leguizamón, asesinado por sicarios de la mafia fronteriza en 1991, reconociendo que el Estado paraguayo es responsable de no haber investigado a fondo y esclarecido el crimen, permitiendo la impunidad, constituye un hecho histórico que permite reparar una injusticia y a la vez abre posibilidades de fortalecer y proteger el trabajo de los periodistas en situaciones de riesgo. En todo este tiempo, la Justicia fue cómplice de los asesinos, dejando que otros 18 comunicadores también sean asesinados por cumplir con su tarea. Esta es una situación que ya no se debe tolerar y urge que el Estado avance en el compromiso de brindar mayor seguridad a una de las funciones vitales para la democracia.
En un mensaje a través de su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, comunicó en la tarde del miércoles que, luego de un trabajo de análisis realizado por la Procuraduría General de la República sobre el proceso que la familia del periodista Santiago Leguizamón, asesinado por sicarios de la mafia fronteriza en 1991, inició ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado ha decidido allanarse ante la demanda.
El Gobierno reconoce que las acusaciones sostenidas por la familia del periodista, acusando que el Estado paraguayo no investigó debidamente el caso para castigar a los asesinos, permitiendo que el crimen quede en la impunidad, resultan completamente válidas y por tanto ha decidido que no las va a rebatir en un juicio internacional, aceptando cumplir con los pedidos de reparación. Tal como lo ha explicado el propio procurador general, Juan Rafael Caballero, el Estado reconoce su “error” y se compromete no solamente a cumplir con los resarcimientos económicos, sino por sobre todo en asumir...
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