Estamos tan acostumbrados a las actuaciones poco claras, negligentes o vergonzantes de los parlamentarios que cuando hacen bien algo, nos sorprendemos. Esta vez debemos felicitar al Senado porque rectificó una malísima decisión de la Cámara de Diputados en cuanto al fondo y la forma del proyecto de ley que busca establecer la transparencia en el financiamiento de las campañas políticas.
Originalmente, el proyecto pertinente había sido presentado por la diputada opositora Rocío Vallejos; el objetivo principal de la norma propuesta es echar luz y control sobre el origen del dinero que financia las campañas proselitistas de quienes se postulen a los altos cargos en la administración pública nacional y departamental.
¿Por qué hace falta una ley con dicho objetivo? Por la sencilla razón de que hasta el presente, varias autoridades del Poder Ejecutivo, senadores y diputados, así como gobernadores e intendentes municipales han sido denunciados y se han probado vínculos de sus candidaturas con grupos mafiosos de poderosos contrabandistas y narcotraficantes.
A los fondos provenientes de estas organizaciones delictivas se los denomina “dinero sucio”. Esta fuente financiera ilícita ha hecho posible la llegada a sectores del poder político a figuras simplemente impresentables, cuestionadas en sus propias regiones, con varias denuncias de actividades ilegales y enriquecimiento ilícito. Hasta ahora, solo algunos de estos siniestros personajes han sido acusados ante la justicia, sometidos a procesos y desvinculados de sus cargos públicos.
El dinero sucio atenta contra la propia Constitución Nacional porque no respeta la igualdad de derechos ante la ley. Una persona común, con deseos de ingresar a la actividad política para poner su capacidad y su trabajo al servicio de la nación, no puede competir en igualdad de condiciones, con candidatos que son financiados por los grupos mafiosos que “invierten” en sus tembiguái decenas de millones de guaraníes.
Leer la nota completa en Diario ABC
