Miguel Benítez – @maikbenz
Es decir, tardaron ocho meses para acordar algo que ni siquiera era necesario, dado que el Tratado de la EBY ya fija la alternancia en el cargo de director ejecutivo (paraguayo y argentino tienen que turnarse el máximo puesto cada cinco años). Que en cuatro décadas nuestro país no haya ejercido su derecho, ya es otro tema.
Pasó mucho tiempo y recién en el 2017, ya con Mauricio Macri en la presidencia argentina, se llega a un acuerdo en las negociaciones por el Anexo C. Como todos saben, la Nota Reversal 2/17 satisfizo a pocas personas. Paraguay pudo haber exigido más y, sobre todo, pudo haber puesto sobre la mesa reivindicaciones más contundentes.
Durante casi cuatro años de conversaciones, las reuniones fueron herméticas y no solo el Poder Ejecutivo recurrió a las puertas cerradas. El propio Congreso Nacional no fue capaz de llevar las discusiones con altura. Las audiencias públicas fueron monólogos, mientras que senadores y diputados no pudieron conformar una comisión bicameral para tratar el delicado asunto. Por supuesto, la sociedad civil tampoco logró un espacio acorde para las discusiones.
Es por ello que la bomba que explotó hace dos semanas en Itaipú es fantástica. El paso en falso que dio el Gobierno de Mario Abdo Benítez para encarar algo, que en teoría era tan sencillo –como es la compra de potencia de la hidroeléctrica–, ha hecho que todo el país ponga sus ojos sobre una cuestión compleja y de vital importancia para el futuro de la economía nacional. Lejos de calmar a la población con la anulación del acta bilateral, lo que ha logrado el jefe de Estado es que ahora la presión ciudadana sea más intensa. Y eso es demasiado bueno. Todos tenemos que participar.
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