Tras fracasar la reunión tripartita que convocó el Ministerio de Trabajo, los sindicatos de choferes ratificaron una huelga de 48 horas desde este martes, 16 de diciembre. La medida desató acusaciones cruzadas entre el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, y los gremios, que denunciaron inconstitucionalidad del proyecto de reforma y responsabilizaron al Gobierno por la huelga. Solo tres líneas (15, 21 y 23) notificaron la medida dentro del plazo legal de 72 horas, por lo que la protesta podría ser suspendida si las demás se acoplan fuera de tiempo.
Luego de una extensa y tensa reunión tripartita que se realizó ayer en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), los gremios de choferes confirmaron una huelga de 48 horas, que empieza a las 00:00 de este martes 16 y se extenderá hasta el miércoles 17 de diciembre. La medida afectaría directamente a más de 100.000 usuarios del del Área Metropolitana, según estimaciones oficiales.
La tripartita reunió a representantes del Viceministerio de Transporte (VMT), el MTESS y de la Federación Unitaria de Trabajadores del Transporte (FUTT). Sin embargo, las partes no lograron un acuerdo que permita levantar la medida de protesta.
Ante el anuncio de huelga, el VMT notificó a los sindicalistas de la Resolución N.º 115, fechada el 12 de diciembre, que establece la obligación de garantizar al menos el 60% del servicio durante la medida de fuerza, al considerar el transporte público como un servicio imprescindible. No obstante, los gremios adelantaron que no acatarán esa disposición.
La resolución cuestionada se sustenta en la Ley N.º 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil”, cuyo artículo 47 habilita a la administración a determinar, mediante resolución fundada, otros servicios imprescindibles cuya interrupción represente un riesgo significativo para la comunidad. En este sentido, a través de la Resolución MOPC N.° 1079/2025, se declara al transporte público de pasajeros como servicio público imprescindible, por lo que, en caso de huelga, debe garantizarse el funcionamiento del servicio.
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