La cuestión de la transparencia está en la agenda del día, pero no cuando se trata de Itaipú. Por un lado, el Congreso avanza campante en la lucha por supuestamente transparentar el uso de fondos por parte de organizaciones privadas sin fines de lucro (ya transparentados y que rinden cuentas), por medio de la Comisión Bicameral de Investigación, conocida como la “Comisión Garrote”.
Más allá de los serios problemas ampliamente cuestionados a esta iniciativa, llama la atención que, al mismo tiempo, se cajoneó otro proyecto de ley que buscaba establecer un mecanismo uso transparente de los fondos sociales de Itaipú, oriundos de la nueva tarifa establecida para el periodo 2024-2026.
La falta de transparencia y el secretismo ha sido y sigue siendo la marca registrada del proceso de revisión del Anexo C.
En más de una ocasión el gobierno actual y anterior hizo alardes sobre el inicio de las negociaciones, pero hasta la fecha, no se conoce la hoja ruta ni los planes nacionales de Paraguay para el aprovechamiento tanto de la energía generada en Itaipú, como de los recursos provenientes de su comercialización, en un proyecto integral de desarrollo social y económico del país.
Esta doble moral es en realidad reflejo de cómo las autoridades de turno actúan según intereses particulares y corporativos, asumiendo posturas según beneficien dichos intereses y no el interés nacional.
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