El Paraguay ha venido evolucionando rápidamente en el acceso a la información pública, en los últimos años.
Desde aquel histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia (Acuerdo y Sentencia 1306/13) sobre el reclamo de un ciudadano sanlorenzano, José Daniel Vargas Téllez, que consiguió la lista de funcionarios, nombrados y contratados de San Lorenzo tras negársele por cinco años, la posterior sanción y promulgación de las Leyes 5189/14 y 5282/14 “de transparencia y acceso a la información pública”, la historia cambió bastante.
En la semana que culmina se da otro paso fundamental con la promulgación la Ley 6299/19 que establece la publicidad de las sesiones de la Corte Suprema de Justicia, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Consejo de la Magistratura y el Consejo de Ministros por parte del presidente de la República.
Nos sorprendíamos igualmente semanas atrás cuando ediles de la lejana comunidad de Filadelfia, Chaco, decidieron transmitir sus sesiones por las redes sociales, considerando que la ley establece que las sesiones de la Junta Municipal deben ser públicas.
Sin embargo, lo de Filadelfia es un hecho aislado. En gran parte del territorio nacional las juntas municipales y departamentales siguen buscando maniobrar lo más alejado posible de la gente, con el viejo y sugestivo hábito de tratar los temas públicos entre cuatro paredes.
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