El juez Humberto Otazú reiteró el pedido de desafuero del diputado colorado cartista Esteban Martín Samaniego Álvarez, a solicitud del fiscal Silvio Corbeta. El legislador está procesado al igual que su esposa, Patricia Corvalán, y otras 21 personas por la supuesta tragada de G. 338.595.000, entre 2011 y 2017 de los fondos de la comuna de Quyquyhó.
El juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, reiteró el pedido de retiro de fueros para el diputado ante la Cámara Baja. Esto a pedido del fiscal de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta Dinamarca, en el proceso abierto por la presunta tragada de los fondos de la Municipalidad de Quyquyhó, entre los años 2011 y 2017.
La nota remitida por el magistrado reiterando el pedido para el tratamiento de la pérdida de fueros para el legislador, es el quinto petitorio que recibió la Cámara de Diputados en relación al imputado por administración en provecho propio, en calidad de coautor, y asociación criminal, como autor.
Dicha solicitud, que se convirtió en la quinta, ingresó el 20 de diciembre de 2023 y antes a ese ingresó otro, que fue el cuarto pedido, remitido en agosto del 2023 por la jueza Mesalina Fernández Franco. Un año antes, el 22 de agosto de 2022, ingresaron otros dos pedidos, por casos de agresiones a políticos opositores.
Esto por una querella por difamación y calumnia por parte de la encargada de ingreso del Estadio Defensores del Chaco, Sara Prieto, a quien agredió en 2019. El tercer pedido de pérdida de fueros, lo había enviado el juez Rubén Ovelar el 8 de octubre del 2019. En todos los casos, los parlamentarios “compinches” de Samaniego hacen caso omiso y ni siquiera incluyen en el orden del día el pedido para su análisis.
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