De las muchas reformas de fondo que los diferentes gobiernos fueron postergando hasta ahora para así evitar el supuesto costo político que les podría acarrear, se encuentra una que por su notoria estafa merece inmediata consideración.
Esta reforma consiste en terminar de una vez por todas con la estafa estatal del sistema jubilatorio por reparto, modelo utilizado por el Instituto de Previsión Social (IPS).
La estafa se pone en práctica desde el momento en que el pago a los nuevos jubilados se va haciendo, cada vez en mayor proporción, mediante el dinero de los nuevos trabajadores aportantes que luego no podrán, paradójicamente, obtener sus propios haberes. En un plazo determinado de quizás de no más de 8 años, este modelo de sistema jubilatorio empezará a colapsar.
No es consistente en el tiempo y mucho menos “solidario” un sistema por el cual los trabajadores más jóvenes paguen a los ya jubilados. La caja común a la que se destinan los haberes jubilatorios hará que aquellos que ahora están aportando no lleguen a beneficiarse por sus esfuerzos que a diario hacen en sus respectivos puestos de trabajo.
Llegará una etapa, por ende, en que la cantidad de dinero que extraen los jubilados será superior a la cantidad de dinero que aportan los trabajadores por una sencilla razón. Por cada año que transcurre existe más gente jubilada en relación a la cantidad de aportantes que ingresa al sistema.
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