Peña oficializó la designación del representante de trabajadores en el Consejo de Seguridad Social. Tras casi año y medio de creación, la Superintendencia de Pensiones sigue sin funcionar.
Mediante el Decreto 3847, el Poder Ejecutivo (PE) dispuso ayer la designación de Jorge Sebastián López Luraghi y Ramón Tomás Ávalos González como representantes titular y suplente, respectivamente, de los trabajadores en el Consejo de Seguridad Social que gobernará la Superintendencia de Jubilaciones y de Pensiones. Según el decreto, ambas personas fueron designadas de forma provisional, por un año, como resultado de un consenso entre los trabajadores. Con este nombramiento, solo queda la oficialización del representante de los jubilados para completar los 6 miembros que integrarán dicho...
Según establece la ley, el Consejo de Seguridad Social debe estar integrado por el presidente del Banco Central del Paraguay, las máximas autoridades de los Ministerios de Economía y Finanzas, de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y por un representante de los trabajadores, un representante de los jubilados y un representante de los empleadores.
CÓMPLICES. Eduardo Ojeda, de la Corriente Sindical Clasista (CSC), dijo que el sector trabajador no se siente representado por los designados. Recordó que los obreros están en contra de dicha ley y aseguró que la misma busca liquidar los recursos de las diferentes cajas mediante la privatización. “Estos designados son cómplices del Gobierno que se aliaron para impulsar la ley y ahora tienen su premio. Son personas entreguistas que operan en contubernio con esta dirigencia de centrales que son parte del Gobierno”, dijo.
JUBILADOS. Jorge Canatta, quien fue designado en asamblea como representante de varias organizaciones de jubilados para la Superintendencia, explicó que su designación aún no fue refrendada por el Poder Ejecutivo. Comentó que recientemente hubo un “acercamiento” desde el Gobierno y que habría una intención de oficializar su nombramiento provisional. No obstante, se mostró sorprendido por el Decreto “incompleto” en el que se designó a los representantes de trabajadores, sin incluir a los jubilados.
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