La empresa Tape Porã, concesionaria de la ruta PY02, realiza relevamientos en 14 puestos de peaje administrados por el MOPC, aunque no forman parte de su concesión y sin una contratación oficial del ministerio. Sindicatos advierten sobre una posible cesión de activos estratégicos, mientras la empresa sostiene que buscan “beneficiar al usuario”. El grupo tiene vínculos con la firma en la que trabajó la ministra antes de asumir el cargo.
A través de una nota fechada el 25 de noviembre del año pasado, la empresa Tape Porã solicitó autorización a la titular del , Claudia Centurión, para realizar de manera conjunta un relevamiento de las instalaciones edilicias y de los sistemas de los 14 puestos de peaje administrados por la institución, con miras a su “actualización y modernización”.
Actualmente, el consorcio ya se encuentra realizando estos trabajos, lo que genera suspicacias, ya que Tape Porã es concesionaria únicamente de la ruta PY02, entre Caaguazú y Ciudad del Este (exruta 7). El interés en conocer la situación de puestos de peaje que no forman parte de su concesión, y más aún sin una contratación formal del MOPC —es decir, realizando el trabajo sin costo aparente— despierta alertas sobre un eventual objetivo de operar en el futuro los puestos más rentables.
Resulta llamativa la intervención de Tape Porã con venia del MOPC, considerando que el plazo de su concesión fue ampliado hasta el año 2053 sin licitación durante el gobierno de Horacio Cartes. Más aún, teniendo en cuenta los vínculos de la ministra Centurión con el grupo empresarial, ya que antes de asumir el cargo trabajó en la firma Jiménez Gaona y Lima, ligada a Conempa, uno de los principales accionistas de Tapé Porã, lo que podría configurar un eventual conflicto de intereses.
Nota presentada a la ministra Claudia Centurión por parte de Tape Porã. Silencio del MOPC, mientras la empresa habla de “beneficiar al usuario”
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