Entre el 2012 y el 2013, ingresaron al Ministerio Público unas 4.057 denuncias relacionadas con delitos contra el medioambiente. Sin embargo, apenas 4 de cada 100 unidades fiscales están destinadas a atender estos casos, según un informe presentado por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).
De las 424 fiscalías existentes en el país, apenas 19 (4,4 %) son especializadas para la atención de denuncias como la tala de árboles, explotación de bosques declarados especiales y tráfico de rollos, entre otros.
Solo Asunción y Alto Paraná cuentan con tres sedes fiscales, el Chaco con dos y el resto de los departamentos posee apenas una unidad.
Para el director de Inecip, Juan Martens, la falta de agentes y técnicos especializados en delitos ambientales hace que no se pueda perseguir y frenar eficazmente a los deforestadores.
“Encima que ya tienen pocos fiscales, vemos que fiscales actúan con desconocimiento y displicencia. No promueven sus causas de tal manera a evitar la impunidad. Y esto repercute en que cada año tengamos más bosques destruidos”, expresó.
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