Sobre el juramento de Horacio Cartes - El Trueno

Sobre el juramento de Horacio Cartes - El Trueno

Es urgente que en el Paraguay la figura de la senaduría vitalicia deje de ser instrumentada como herramienta de proscripción y negación de derechos. Las bancas de Cartes y Nicanor deben ser regularizadas y devueltas a quienes las obtuvieron electoral y democráticamente. Hace dos años un acuerdo entre sectores del oficialismo y la oposición impidió […]

Es urgente que en el Paraguay la figura de la senaduría vitalicia deje de ser instrumentada como herramienta de proscripción y negación de derechos. Las bancas de Cartes y Nicanor deben ser regularizadas y devueltas a quienes las obtuvieron electoral y democráticamente.

Hace dos años un acuerdo entre sectores del oficialismo y la oposición impidió que Nicanor Duarte Frutos ocupe su banca de senador, a pesar de haber sido electo y proclamado y contar con sucesivas sentencias judiciales a favor de la legitimidad de su candidatura. El objetivo central de esta movida fue un simple cálculo político: se consideró que el oficialismo se fortalecería borrando del mapa político a Horacio Cartes, quien se encontraba en una situación similar a la de Duarte Frutos, pero con la diferencia de que él había competido ejerciendo todavía la primera magistratura.

Para materializar el atraco a la voluntad popular de miles de electores colorados, el brazo ejecutor fue el del entonces presidente del Senado y expresidente Fernando Lugo, quien desconoció su lugar de primus inter pares y por medio de una simple resolución administrativa hizo jurar a dos personas que no habían sido ni electas ni proclamadas: Rodolfo Friedmann y Mirtha Gusinky.

No hay ningún argumento constitucional que pueda habilitar a Lugo a ocupar una banca y, al mismo tiempo, deshabilitar a Cartes y Nicanor. Se trata de tres exmandatarios. El exobispo no hizo más que consagrar una norma fáctica, que no está presente en la letra constitucional pero que rige por el momento el sentido común, según la cual se considera que un expresidente solo puede conservar sus derechos políticos si y solo si es destituido por medio de un juicio político.

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