En un país sacudido por escándalos y decepciones, el Estado no puede fabricar otro conflicto por su propia ineficiencia. Con más de G. 10 billones de presupuesto institucional y G. 71.563 millones asignados a la atención de la educación superior y ciencias, el MEC enfrenta una denuncia elemental y gravísima: no consigue registrar títulos universitarios […]
En un país sacudido por escándalos y decepciones, el Estado no puede fabricar otro conflicto por su propia ineficiencia. Con más de G. 10 billones de presupuesto institucional y G. 71.563 millones asignados a la atención de la educación superior y ciencias, el MEC enfrenta una denuncia elemental y gravísima: no consigue registrar títulos universitarios dentro del plazo legal.
La paz social no se deteriora únicamente con grandes crisis políticas. También se desgasta en las oficinas públicas, cuando el Estado convierte un derecho en una peregrinación interminable. El estudiante que termina una carrera, cumple las exigencias de su universidad y necesita su título para trabajar no debería encontrar en el Ministerio de Educación y Ciencias el último obstáculo de su formación. Sin embargo, eso es exactamente lo que denuncia la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas (APUP).
En su comunicado del 19 de noviembre, la APUP sostiene que las universidades asociadas han presentado la documentación exigida y que el MEC supera reiteradamente el plazo de 15 días hábiles previsto para el registro. El daño tiene nombres concretos, aunque el expediente los reduzca a números: egresados que pierden concursos, becas, posibilidades de posgrado y oportunidades laborales. No se trata de una incomodidad menor. Es el Estado administrando, con su lentitud, el tiempo y las expectativas de miles de familias.
La contradicción es difícil de explicar. El MEC dispone de una enorme estructura de funcionarios, direcciones y reparticiones, además de recursos que pocas instituciones públicas administran. Para 2026, su presupuesto supera los G. 10 billones, mientras la actividad de atención a educación superior y ciencias tiene asignados G. 71.563 millones. Esos fondos no corresponden exclusivamente al registro de títulos, pero dimensionan el aparato disponible. ¿Cuántos funcionarios trabajan efectivamente en esa unidad? ¿Cuántos expedientes procesa cada uno? ¿Quién responde por los atrasos? Antes de...
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