El exsenador Óscar González Daher, expulsado de la Cámara Alta por haber traficado influencias siendo titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y hoy imputado penalmente por ese delito, por el de soborno y por el de asociación criminal, ya está dando muestras de seguir los pasos de su excolega Víctor Bogado (ANR) y otros chicaneros empedernidos. Si ya en esta etapa inicial se obstaculizan las actuaciones judiciales con pretextos diversos, se puede uno imaginar lo que ocurrirá cuando haya que convocar a una audiencia preliminar. La apertura del juicio oral y público puede demorarse por años, tal como está ocurriendo, gracias a la condescendencia judicial, en los casos del senador colorado Víctor Bogado, de los hoy parlasurianos liberales Enzo Cardozo y Milciades Duré, y del diputado colorado y contrabandista confeso Carlos Núñez Salinas, entre otros. Por su parte, en la Cámara de Diputados buscan pretextos para demorar la pérdida de investidura del liberal Carlos Portillo, quien aparece en repudiables hechos. En suma, los dos Poderes del Estado mencionados continúan nadando en el fango, sin dar muestras de redimirse de la corrupción que campea en ellos.
El exsenador Óscar González Daher, expulsado de la Cámara Alta por haber traficado influencias siendo titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y hoy imputado penalmente por ese delito, por el de soborno y por el de asociación criminal, ya está dando muestras de seguir los pasos de su excolega Víctor Bogado (ANR) y otros chicaneros empedernidos. En efecto, está recurriendo a artimañas dilatorias trabando las primeras actuaciones en el caso de sus repulsivas maniobras en causas judiciales ajenas. De entrada, quiso que fuera anulada el acta de imputación fiscal, pretensión que fue...
Prosiguiendo con las chicanas, su abogada, Sara Parquet, recusó a la jueza Lici Teresita Sánchez por odio, enemistad y resentimiento mutuo. La afectada pidió primero al Tribunal de Apelación el rechazo de la recusación, pero luego se inhibió de entender en la causa al recordar, de repente, que como presidente del Jurado el luqueño le habría dado “un trato deferencial” (sic), siendo de “gente buena” reconocerlo.
También acaba de inhibirse la jueza Rosario Montanía de Bassani, porque tanto ella como su familia mantendrían con la del imputado una larga relación de amistad. Ahora se inhibió el juez Rubén Riquelme, alegando haber sido mencionado en los audios. Esperemos que el sucesor o la sucesora no recuerde algún “favorcito” del exsenador, y por fin se atreva a llamarle para la audiencia de imposición de medidas.
Si ya en esta etapa inicial se obstaculizan las actuaciones judiciales con pretextos diversos, ya se puede uno imaginar lo que ocurrirá cuando haya que convocar a una audiencia preliminar. La apertura del juicio oral y público en el proceso relacionado con el tráfico de influencias puede demorarse por años, tal como está ocurriendo, gracias a la condescendencia judicial, en los casos del senador Víctor Bogado (ANR), de los hoy parlasurianos Enzo Cardozo y Milciades Duré, ambos liberales, así como del contrabandista confeso Carlos Núñez Salinas (ANR), entre otros. Sus causas siguen trabadas...
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