En la sesión ordinaria de hoy del Senado está previsto el tratamiento del proyecto de ley de tragamonedas, que pretende prohibir las máquinas en comercios y despensas. Aunque conforme a la opinión de referentes del ámbito, no es claro el método de aplicación, de aprobarse la iniciativa, y no plantea una solución a la actual falta de control de explotación de los aparatos electrónicos.
Senado prevé tratar esta tarde el proyecto de ley de tragamonedas
La propuesta tiene por objetivo regular el sistema de habilitación, explotación y el uso de las máquinas tragamonedas autorizadas a nivel municipal para proteger a los menores de edad de caer en la adicción al citado juego de azar.
Uno de los proyectistas es el senador Blas Llano, quien “desempolvó” un proyecto similar planteado en 2019 luego de descubrirse que la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida por José Ortiz, firmó un contrato directo, sin concurso, con la empresa iCrop SA (representada por Ariel Peña) para que se encargue de la “regularización” de las tragamonedas del país. ABC descubrió que la institución le dio a esta empresa la potestad de censar, catastrar y explotar dicho juego, es decir, la convirtió en juez y parte.
El acuerdo fue firmado a finales del año pasado y hasta ahora, meses después de estar en vigencia, persiste confusión si la Conajzar atropella lo establecido en la Ley 620/76, que fija competencia exclusiva a las municipalidades para la habilitación y el cobro del tributo correspondiente. La Municipalidad de Cambyretá, por ejemplo, solicitó una aclaración a dicha institución, mientras que las de Asunción y Capiatá resolvieron prohibir las actividades de iCrop y las “agencias” que esta tiene en sus jurisdicciones.
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