El documento busca ampliar la cobertura de la ley referenciada a un colectivo de ex docentes a quienes se les cercenó su derecho a un retiro digno y a su inclusión en el sistema jubilatorio del Instituto de Previsión Social (IPS). El proyecto fue sancionado y pasa al Poder Ejecutivo.
El escrito había sido presentado por la entonces Diputada Olga Ferreira y dictaminado por la Comisión de Derechos Humanos que aconsejaba la aprobación con modificaciones. También fue girado a las Comisiones de Asuntos Económicos y Financieros, de Justicia, Trabajo y Previsión Social y de Educación, Cultura y de Presupuesto.
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