La reciente presentación del informe Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 2024 pone de manifiesto una realidad incuestionable: América Latina y el Caribe se encuentra en un punto crítico en su lucha contra el hambre y la malnutrición.
Aunque en los últimos dos años el hambre en la región ha disminuido —de 45.3 millones de personas en 2021 a 41 millones en 2023—, el progreso es desigual y frágil. La situación entre subregiones resulta particularmente preocupante; un ejemplo es el Caribe, donde la tasa de hambre ha aumentado del 15.4% al 17.2%.
La pandemia de COVID-19 dejó profundas cicatrices que exacerbaron las desigualdades estructurales existentes y debilitaron los sistemas de producción y distribución de alimentos. A esto se han sumado los impactos devastadores de la variabilidad del clima y los eventos extremos, como sequías, tormentas e inundaciones, que actualmente golpean con frecuencia al 74% de los países de la región. Estos desafíos, que se han vuelto persistentes, no solo reducen la productividad agrícola, sino que también encarecen los alimentos, limitan su disponibilidad y comprometen la estabilidad de los sistemas...
La seguridad alimentaria está relacionada con la resiliencia climática. Para asegurar un futuro sin hambre, es vital promover prácticas agrícolas sostenibles que permitan integrar alimentos nutritivos en las dietas saludables, mejorando la productividad mientras se mitigan los impactos ambientales. Esto incluye el fomento de cultivos resilientes al clima, la adopción de tecnologías limpias y la protección de los recursos naturales. Al mismo tiempo, los programas de protección social garantizan que la población tenga acceso a alimentos nutritivos, especialmente en tiempos de crisis.
El proceso de transformación en la región que, aunque aún enfrenta desafíos, ha demostrado en los últimos años un firme compromiso de trabajo conjunto orientado a garantizar resultados más sostenibles y coherentes.
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