Desde Feprinco sostienen que cualquier modificación en la estructura de la canasta básica o el IPC de referencia requiere una reforma legal previa para evitar impugnaciones judiciales y garantizar la previsibilidad económica.
Sector empresarial advierte riesgos jurídicos ante eventual cambio en el cálculo del salario mínimo
El sector empresarial, representado por el Ingeniero Enrique Vidal ante el , remarcó que cualquier modificación en la metodología de cálculo, como la creación de una canasta básica diferenciada, debe pasar por el Congreso y no limitarse a una decisión del Ejecutivo.
Actualmente, el reajuste se rige por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central. Ante la postura de los gremios sindicales, quienes consideran que este indicador es insuficiente y proponen una canasta específica, Vidal advirtió que la vía administrativa no es el camino.
“Si se quiere cambiar la base del IPC para el salario mínimo, habría que hacer una mesa tripartita y llegar a un acuerdo satisfactorio. De lo contrario, si se hace por vía decreto, podría dar pie a acciones judiciales”, explicó el representante de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco).
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