En sesión plenaria del miércoles 16 de julio, la Corte Suprema de Justicia resolvió recordar a todos los Magistrados de la República la plena validez y eficacia jurídica de los certificados electrónicos emitidos por el Registro del Estado Civil de las Personas, conforme a lo establecido en la Ley Nº 6822/2021, “De los Servicios de Confianza para las Transacciones Electrónicas, del Documento Electrónico y los Documentos Transmisibles Electrónicos”. Por lo expuesto, se insta a todos los Magistrados de la República a dar cumplimiento al artículo 62 de la Ley N° 6822/2021, en el sentido de no negar validez, efectos jurídicos ni admisibilidad en procedimientos judiciales a un documento electrónico por el hecho de estar en dicho formato.
En sesión plenaria del miércoles 16 de julio, la Corte Suprema de Justicia resolvió recordar a todos los Magistrados de la República la plena validez y eficacia jurídica de los certificados electrónicos emitidos por el Registro del Estado Civil de las Personas, conforme a lo establecido en la Ley Nº 6822/2021, “De los Servicios de Confianza para las Transacciones Electrónicas, del Documento Electrónico y los Documentos Transmisibles Electrónicos”.
En tal sentido, el artículo 62 de la ley citada es claro al establecer que no se pueden negar efectos jurídicos ni admisibilidad en procedimientos privados, judiciales y administrativos a un documento; asimismo, se dispone en el mismo que cuando la ley requiera que la información conste por escrito, ese requisito quedará satisfecho con un documento electrónico si la información que éste contiene es accesible para su ulterior consulta.
Por consiguiente, la validez de los certificados electrónicos emitidos por el Registro del Estado Civil de las Personas es viable y sostenible en la ley vigente, por lo que es admisible su presentación en juicio, como medio de prueba o acreditación de un hecho.
De lo contrario, desconocer la validez de los documentos electrónicos no solo iría en contra de la legislación vigente, sino que representaría un freno al indispensable avance y modernización de los procesos judiciales, objetivos con los que la Corte Suprema de Justicia, desde hace tiempo, mantiene un fuerte compromiso.
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