El desalojo de 70 familias de la comunidad Mbya Guaraní Hugua Po’i, en el distrito de Raúl Arsenio Oviedo, Caaguazú, no puede verse como un procedimiento administrativo más. El Estado paraguayo hizo una demostración de fuerza innecesaria, movilizó a los cascos azules, a la Montada y hasta llevaron un helicóptero para hacer efectiva la expulsión de unas tierras que los indígenas ocupan desde el año 2014 y aseguran forma parte de sus tierras ancestrales. El problema de la tierra ha estado históricamente vinculado a la historia social del Paraguay, y ha sido sin dudas una historia conflictiva debido a las injusticias cometidas, y la desigualdad que deviene de la corrupción y la impunidad en la distribución de las tierras. Es inaceptable que este Gobierno movilice a las fuerzas de seguridad para perseguir a los más pobres entre los pobres, los siempre olvidados.
La Constitución Nacional reconoce la existencia de los pueblos, y su derecho a preservar y a desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat. Cuando siguen frescas las imágenes del aparatoso desalojo de la comunidad Hugua Po'i, surge la pregunta de en qué momento nuestra Carta Magna se convirtió en letra muerta. La comunidad ubicada en el distrito de Raúl Arsenio Oviedo, en el Departamento de Caaguazú, estaba ocupada desde el año 2014 y corresponde a las tierras ancestrales de los Mbya Guaraní, pues ahí está enclavado el cementerio de sus ancestros.
En una lluviosa mañana, mujeres, ancianos y niños fueron expulsados en medio de un operativo de seguridad pocas visto, ni siquiera para combatir al crimen organizado. Toda la fuerza del Estado contra 70 familias pobres. El año termina con varios casos de desalojos de comunidades indígenas de sus tierras ancestrales. La organización Survival Internacional había denunciado que “al menos 7 comunidades indígenas han sido expulsadas violentamente de sus tierras en los últimos tres meses, y ocupadas por sojeros brasileños”, e incluso hay quienes afirman que la creciente ola de desalojos a...
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