Hay gestos que definen un Gobierno desde el primer día. Gestos que no necesitan discursos ni campañas para revelar su verdadera naturaleza. Uno de ellos, casi inaugural, fue la amputación al parecer deliberada de la Ley de Conflicto de Intereses, llamada de “puertas giratorias”. Apenas asumido el mandato, se mutiló la norma que debía impedir exactamente lo que hoy está a la vista de todos: que quien regula y quien es regulado puedan ser, en la práctica, la misma persona con distintos cargos y el mismo interés. La Ley 7089/23, que establecía el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública, fue despojada de su sustancia mediante la Ley 7236/24. Se eliminó la prohibición de las “puertas giratorias”. Se quitó, en definitiva, el freno que debía separar el interés privado del poder público. No fue un accidente legislativo ni un ajuste técnico menor. Todo da para pensar que fue una decisión política consciente, ejecutada con velocidad y sin pudor.
Hay gestos que definen un Gobierno desde el primer día. Gestos que no necesitan discursos ni campañas para revelar su verdadera naturaleza. Uno de ellos, casi inaugural, fue la amputación al parecer deliberada de la Ley de Conflicto de Intereses, llamada de “puertas giratorias”. Apenas asumido el mandato, con la tinta todavía fresca de las promesas de transparencia y de “lucha contra la corrupción”, se mutiló la norma que debía impedir exactamente lo que hoy está a la vista de todos: que quien regula y quien es regulado puedan ser, en la práctica, la misma persona con distintos cargos y el...
La Ley 7089/23, que establecía el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública, fue despojada de su sustancia mediante la Ley 7236, promulgada el 5 de enero de 2024. Se eliminó la prohibición de las “puertas giratorias”.
Se borró la obligación de declarar vínculos familiares con potencial conflicto. Se convirtió a la sanción por omisiones o datos falsos en una cuestión casi imposible. Se quitó, en definitiva, el freno que debía separar el interés privado del poder público. No fue un accidente legislativo ni un ajuste técnico menor. Todo da para pensar que fue una decisión política consciente, ejecutada con velocidad y sin pudor.
Hoy esa decisión cobra su factura con creces. Carlos Carvallo Spalding presidió la entonces Financiera Ueno hasta mediados de 2023. Pocas semanas después, designado por el mismo presidente que tenía vínculos societarios con el grupo propietario, asumió la máxima autoridad del Banco Central del Paraguay, el organismo encargado de supervisar, controlar y, llegado el caso, sancionar a esa y otras entidades financieras.
Leer la nota completa en Diario ABC