El aumento del salario mínimo profundizó tensiones entre Gobierno, empresarios y sindicatos, abriendo un debate sobre legalidad, inversión y poder adquisitivo. El Gobierno de Santiago Peña decretó un aumento del 5 % del salario mínimo, elevándolo a G. La medida, superior al 2,4 % de inflación anual reportada por el Banco Central del Paraguay (BCP), generó rechazo simultáneo de empresarios y sindicatos, instalando una discusión sobre seguridad jurídica, cumplimiento de la ley y pérdida del poder adquisitivo. La decisión del Poder Ejecutivo rompió una particular unanimidad: empresarios y trabajadores cuestionaron el incremento, aunque por razones diametralmente opuestas. ¿Por qué los trabajadores consideran insuficiente el aumento? El conflicto terminó trasladándose al Poder Ejecutivo después del fracaso de las negociaciones en el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), órgano tripartito integrado por representantes del Gobierno, empleadores y trabajadores. Por un lado, el Gobierno busca enviar una señal política de mejora del ingreso real de los trabajadores en un contexto de recuperación económica. La decisión del Ejecutivo benefició nominalmente a miles de trabajadores, pero también dejó interrogantes sobre el funcionamiento de los espacios de concertación y sobre los criterios que regirán futuras decisiones económicas. El desafío para el Gobierno será administrar estas tensiones sin erosionar la confianza institucional ni profundizar la distancia entre empresarios, trabajadores y Estado.
El aumento del salario mínimo profundizó tensiones entre Gobierno, empresarios y sindicatos, abriendo un debate sobre legalidad, inversión y poder adquisitivo.
El Gobierno de Santiago Peña decretó un aumento del 5 % del salario mínimo, elevándolo a G. 3.044.000 desde el 1 de julio. La medida, superior al 2,4 % de inflación anual reportada por el Banco Central del Paraguay (BCP), generó rechazo simultáneo de empresarios y sindicatos, instalando una discusión sobre seguridad jurídica, cumplimiento de la ley y pérdida del poder adquisitivo.
La decisión del Poder Ejecutivo rompió una particular unanimidad: empresarios y trabajadores cuestionaron el incremento, aunque por razones diametralmente opuestas. Mientras el sector privado sostiene que el Gobierno ignoró los mecanismos previstos en el Código del Trabajo, las centrales obreras afirman que el ajuste resulta insuficiente frente al aumento del costo de vida.
El nuevo salario mínimo se ubicará en G. 3.044.000, con un jornal diario de G. 117.077. El aumento decretado representa unos G. 144.952, cifra considerablemente superior a la variación interanual del IPC, que alcanzó 2,4 % en mayo, indicador que tradicionalmente sirve de referencia para el reajuste salarial.
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