El Congreso se enfrenta al desafío de estudiar el PGN 2027 en medio de una crisis política y financiera sin precedentes recientes. Con unos USD 800 millones de fondos públicos comprometidos en Ueno Bank, un Gobierno reconfigurado y la credibilidad institucional por el suelo, cada guaraní deberá ser examinado con máximo rigor. La ciudadanía, golpeada por el escándalo, exige transparencia, austeridad y cero margen para el despilfarro.
Paraguay llega a una de las discusiones presupuestarias más delicadas de los últimos años en medio de una crisis política, económica y social que modificó drásticamente el escenario nacional. En cuestión de días, el país pasó de tener un Gobierno con una estructura relativamente estable a enfrentar el colapso de una entidad financiera, la destitución de un presidente de la República, investigaciones penales contra exautoridades y una profunda incertidumbre sobre el destino de millonarios recursos públicos.
En este escenario, la Cámara de Diputados fue convocada para este jueves 12 de noviembre, a las 10:00, con el propósito de estudiar el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2027. La sesión extraordinaria, convocada por el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, tendrá como único punto del orden del día el análisis del principal instrumento de planificación de los ingresos y gastos del Estado.
La particularidad de este proceso es que el proyecto fue elaborado y presentado por la administración de Santiago Peña, destituido el 6 de noviembre tras el escándalo de Ueno Bank. Ahora corresponde al Gobierno de Pedro Alliana y al Congreso definir cómo se administrarán los recursos públicos durante un año que estará marcado por las consecuencias de esa crisis y la proximidad de las elecciones generales de 2028.
La discusión ya no puede reducirse a incrementos salariales, ampliaciones institucionales o disputas por partidas presupuestarias. El deterioro de la confianza ciudadana, la presión sobre las finanzas públicas y los compromisos acumulados del Estado obligan a revisar las prioridades con una responsabilidad extraordinaria.
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