La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario de revisión presentado por el exdiputado y exgerente de Créditos del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Carlos María Soler Cano, condenado a cuatro años de pena privativa de libertad por cohecho pasivo agravado, extorsión y tráfico […]
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario de revisión presentado por el exdiputado y exgerente de Créditos del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), Carlos María Soler Cano, condenado a cuatro años de pena privativa de libertad por cohecho pasivo agravado, extorsión y tráfico de influencias.
La decisión se fundamenta en que los elementos presentados por la defensa no constituyen hechos nuevos que puedan justificar la modificación de una sentencia firme, según explicaron los ministros. Soler había solicitado la revisión alegando la existencia de un supuesto Acuerdo Privado de Transacción y Finiquito, un resarcimiento económico al denunciante, disculpas a la víctima y su estado de salud, además de cuestionar la calificación de los hechos de extorsión con base en nueva interpretación de pruebas ya evaluadas.
El ministro Alberto Martínez Simón, preopinante, destacó que el recurso de revisión tiene carácter excepcional y solo procede cuando se aportan hechos o elementos de prueba efectivamente novedosos. Sobre el acuerdo privado presentado, señaló que no cumple con los requisitos legales del Art. 481 del Código Procesal Penal y no puede desvirtuar la existencia de los hechos. Agregó que cuestiones como el estado de salud o pagos económicos no constituyen fundamento para quebrar la cosa juzgada.
La mayoría de la Sala, por su parte, coincidió en que los argumentos de la defensa eran simplemente una reiteración de cuestiones ya debatidas, por lo que el recurso carecía de fundamento y no cumplía los requisitos legales para modificar la sentencia. El ministro César Antonio Garay manifestó que, para respetar el principio de bilateralidad y la tutela judicial efectiva, debería haberse dado traslado previo a la otra parte, pero el voto mayoritario consideró que el estudio de esta cuestión era inane.
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