El exfiscal de San Pedro, Jorge López Lhoman (+), fue destituido de su cargo porque tuvo la osadía de imputar al “significativamente corrupto” Vicente Ferreira Rodríguez, amigo del también sancionado por EE.UU. Jorge Bogarín Alfonso, según evidencia la carpeta de investigación del Ministerio Público. Ferreira junto con otros dos funcionarios judiciales consignaron datos aparentemente falsos en un caso de abuso sexual en niños. Uno de los procesados admitió parte de los hechos, pero se excusó diciendo que no generó perjuicio en la causa.
ABC accedió a la voluminosa carpeta de investigación del Ministerio Público que se abrió en el año 2019 por la aparente producción de documentos no auténticos y por la cual fueron imputados los funcionarios judiciales Vicente Andrés Ferreira Rodríguez (sancionado por Estados Unidos y, Diego Rodrigo Ozuna Candia y Mónica Elizabeth Gaona González. Estos habrían consignado falsamente la entrega a la Fiscalía de documentación en una causa sobre abuso sexual en niños, coacción y violación, según la denuncia realizada el 10 de enero de ese año por la agente Fany Aguilera.
Aguilera, titular de la Unidad 1 de la Fiscalía de San Pedro -pero entonces interina por la feria judicial-, radicó la denuncia luego de intentar analizar un recurso de apelación presentado por los abogados defensores de una persona entonces procesada por abusar de su hijastra. La fiscal se percató -al querer dar trámite a la solicitud- de que el Juzgado del Tercer Turno de la Circunscripción Judicial de San Pedro remitió al Ministerio Público solo el pedido de los profesionales, consistente en ocho fojas, y no así el expediente principal del caso.
Esta situación imposibilitaba el estudio del recurso, por lo que la representante de la Fiscalía pidió la reposición del plazo de contestación atendiendo la gravedad del caso de abuso sexual y para evitar que el entonces procesado obtenga medidas alternativas a la prisión.
Sin embargo, para sorpresa de Aguilera su solicitud fue rechazada por el juez Néstor Ramón Arévalos por improcedente debido a que en su argumentación decía que el Ministerio Público fue notificado en debida forma y el expediente judicial principal se entregó a una funcionaria fiscal identificada como Ovidia Cubilla, hecho que no ocurrió, denunció la agente Aguilera.
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