Luego de casi dos años de sugestiva demora, la ANDE respondió un pedido de informes solicitado por la Cámara de Diputados e impulsado por el diputado Sebastián Villarejo (PPQ). Este informe revela una presunta venta irregular de electricidad de Acaray que habría sido perpetrada por los propios funcionarios de la ANDE en favor de distribuidoras de Argentina y Brasil. Habrían fijado precios inferiores a los determinados en los convenios y contratos respectivos.
Según el informe, el perjuicio en contra de las finanzas de la ANDE, entre los años 1995 al 2008, estaría rondando unos US$ 230 millones aproximadamente.
Si la ANDE hubiera facturado regularmente, pudo haber construido, hace 20 años, una línea de transmisión y logrado el sincronismo entre Itaipú y Yacyretá para la comercialización del excedente paraguayo de Itaipú y Yacyretá, y aún le sobraría dinero.
La Contraloría o alguna comisión de investigación de la Cámara de Diputados debería considerar convocar a los ingenieros Héctor Richer, Mario Orué, Martín González y Ángel María Recalde como expresidentes de la ANDE, durante el período mencionado, con el objetivo de que deslinden sus respectivas responsabilidades, identificando a los miembros de la rosca que habría operado provocando tremendos daños económicos a los intereses del ente que administraron en su momento.
Un claro caso ilustrativo del mecanismo habría acontecido entre el 2002 y el 2003 cuando el Ing. Ángel María Recalde fungía como presidente y el Ing. Pedro Ferreira era el gerente financiero, máximo responsable del control de las finanzas de la estatal.
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