El fiscal general Emiliano Rolón, minimizó la amenaza denunciada por su propia fiscala, nal punto de que no dispuso iniciar una investigación por lo que todo apunta al opareí. La advertencia recibida por la agente tiene que ver con el impulso a la pesquisa abierta contra el senador Hernán Rivas (ANR-HC).
El caso del legislador colorado fue llevado a cabo por la fiscala penal Patricia Sánchez, quien lo imputó el 18 de enero de 2024 y luego acusó el 2 de septiembre de 2025, por producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documento público de contenido falso. El fiscal general no ordenó investigar la amenaza contra la fiscala.
El juez penal de garantías Miguel Palacios había admitido la imputación luego de meses de dilaciones. En la audiencia preliminar, declaró operada la prescripción por el hecho de producción mediata de documentos públicos de contenido falso y elevó a juicio el caso por uso de documento público de contenido falso.
La defensa de Hernán Rivas apeló la resolución del juez Palacios y el Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, integrado por los camaristas Bibiana Benítez Faría, José Agustín Fernández (ratificó el fallo de Palacios) y Delio Vera Navarro (jubilado desde el 1 de abril), con votos de Benítez y Vera declararon la prescripción de los hechos y sobreseyeron definitivamente a Rivas.
Las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero, plantearon un recurso extraordinario de casación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con el fin de anular la prescripción referida por el juez Palacio y el fallo de la Cámara de Apelaciones.
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