La Coordinadora de Abogados del Paraguay denunció que los argumentos para sostener el blanqueo al senador Javier Zacarías Irún son “endebles” y se basan en la ignorancia de los magistrados sobre el concepto de funcionario.
El legislador de Honor Colorado fue favorecido por una resolución del juez Marino Méndez, quien en primera instancia decidió rechazar la reapertura del caso por supuesto enriquecimiento ilícito. El Ministerio Público apeló la medida, pero un Tribunal falló en contra y la causa quedó archivada definitivamente, blanqueando al legislador. El argumento fue que Zacarías no era funcionario, porque prestaba sus servicios ad honórem.
Sin embargo, los denunciantes retrucaron este fundamento alegando que la Convención Interamericana Contra la Corrupción refiere que por función pública se entiende como “toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos”. Mientras que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción define al funcionario público como “toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado parte, ya sea...
Javier Zacarías Irún se desempeñó como asesor jurídico ad honórem de la Municipalidad de Ciudad del Este hasta la destitución de su esposa, el 7 de febrero de 2019. Por tanto, los denunciantes afirman que fue funcionario público hasta ese día. “Por lo que consideramos que las resoluciones indicadas no se corresponden con la verdad y atentan directamente contra nuestro orden normativo y los pactos internacionales vigentes”, aseveran los abogados en un pronunciamiento.
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