En una entrevista concedida a Judiciales Net, el juez de sentencia Juan Pablo Mendoza realizó una serie de reflexiones de profundo valor jurídico sobre el rol central que ocupa el relato fáctico de la fiscalía dentro del proceso penal. Sus observaciones, basadas en la experiencia judicial y en principios constitucionales, ponen en evidencia que una imputación deficiente no es un mero error formal, sino una situación que puede colocar a una persona en estado de indefensión, afectando garantías esenciales.
El magistrado parte de una premisa fundamental: la Constitución Nacional consagra, desde su preámbulo, el principio de realización de la justicia. Este mandato no es abstracto ni decorativo, sino que impone a los jueces la obligación permanente de preguntarse si aquello que están decidiendo es justo. Se trata de un aspecto axiológico central del sistema judicial, vinculado a una aspiración humana y profesional que da sentido al ejercicio de la función jurisdiccional.
Sin embargo, al trasladar este ideal al plano concreto del proceso penal, el juez Mendoza subraya la existencia de un valor rector que orienta la actividad de las partes y de los tribunales: el valor verdad. A diferencia del concepto de justicia más complejo de definir y positivizar, la verdad ha sido históricamente entendida, desde Aristóteles, como la correspondencia entre el pensamiento y la realidad. Esta definición clásica permite al legislador exigir su búsqueda como un imperativo de actuación, especialmente para la fiscalía y los órganos jurisdiccionales.
En ese contexto, el juez explicó a Judiciales Net que el juicio penal gira, esencialmente, en torno a un relato de hechos que presenta la fiscalía. Ese relato no es una narración libre ni una simple historia: constituye el eje de toda la discusión probatoria. Por ello, su correcta formulación resulta determinante. Tal como lo ha señalado la Corte en acordadas vinculadas al contenido de la imputación, el relato fáctico debe cumplir con requisitos precisos: cronología clara, horarios, desarrollo de los hechos, circunstancias de tiempo y lugar, identificación de las personas involucradas,...
La importancia de esta exigencia radica en la metodología misma de juzgamiento. Los tribunales detalló el magistrado descomponen ese relato en una serie de afirmaciones concretas que luego son contrastadas con la prueba producida en el juicio. Cada testimonio, informe o pericia tiene como finalidad verificar o refutar esas afirmaciones. Si la prueba no confirma alguno de esos extremos, el hecho correspondiente no puede tenerse por acreditado.
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