La Corte Suprema de Justicia reafirmó este miércoles, en sesión plenaria, que no cuenta con atribuciones legales ni constitucionales para suspender de forma general los descuentos salariales o jubilatorios dictados en el marco de juicios ejecutivos vinculados a la denominada “mafia de pagarés”.
Durante la sesión, la ministra Carolina Llanes, vicepresidenta de la CSJ, recordó que la Corte no puede intervenir en procesos judiciales en trámite, ni mucho menos anular medidas cautelares decretadas por jueces de Paz a través de una disposición administrativa o resolución general.
“No corresponde bajo ningún punto lo que plantea la Cámara, al instarnos a levantar descuentos en los diversos casos de juicios ejecutivos”, expresó la ministra Llanes.
Llanes, presentó un informe detallado ante sus colegas del pleno, en el cual enumeró las acciones ya emprendidas por el Poder Judicial para combatir esta estructura delictiva. Señaló que hasta la fecha se han auditado 11.836 expedientes, todos relacionados con juicios ejecutivos, en juzgados de Paz de la Capital, Central y otras circunscripciones del país.
Como consecuencia de estas investigaciones internas, la Corte ya ha remitido denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y el Ministerio Público, y ordenó la suspensión de jueces, ujieres, funcionarios judiciales y abogados presuntamente implicados. También se formularon propuestas legislativas con el objetivo de prevenir la repetición de estos abusos dentro del sistema judicial.
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