El ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alberto Martínez Simón, se pronunció a favor del proyecto de ley que busca modificar el Código Procesal Penal (CPP) como una solución efectiva para frenar los abusos vinculados al uso de pagarés en el sistema judicial. El alto magistrado afirmó que la propuesta representa una herramienta […]
El ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alberto Martínez Simón, se pronunció a favor del proyecto de ley que busca modificar el Código Procesal Penal (CPP) como una solución efectiva para frenar los abusos vinculados al uso de pagarés en el sistema judicial. El alto magistrado afirmó que la propuesta representa una herramienta clave para combatir “la mafia de los pagarés”.
Martínez Simón explicó que la solución de fondo está en permitir que dentro de cada proceso judicial se discuta la legalidad o ilegalidad de los documentos presentados como pagarés y destacó que la autonomía de los jueces está garantizada por la Constitución Nacional, lo cual impide a la Corte Suprema inmiscuirse directamente en sus decisiones. Sin embargo, subrayó que el máximo tribunal sí actúa en aquellos casos donde hay evidencia clara de irregularidades, como ya ha ocurrido con la suspensión de jueces y funcionarios y la remisión de antecedentes al Ministerio Público para la apertura...
“El registro nacional de pagarés, por más ambicioso que sea, no garantizaría por sí solo una solución estructural al problema”, advirtió el ministro. En ese sentido, opinó que controlar la emisión y circulación de un volumen tan alto de pagarés firmados diariamente resultaría inviable en la práctica y que lo fundamental es modificar el proceso judicial para evitar dobles cobros, ejecuciones fraudulentas y demandas abusivas.
La Corte, a través de sus ministros, ya ha formulado una iniciativa legislativa para reformar el CPP, planteando cambios que responsabilicen directamente al actor de la demanda por la veracidad de los documentos ejecutivos que presente. De este modo, los jueces podrán tener mayor libertad para analizar la validez de los pagarés, lo que dotará de mayor equilibrio al sistema procesal civil y penal, según lo manifestado por el ministro.
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