El debate sobre la reforma de la Caja Fiscal, impulsado por el Ejecutivo y presentado recientemente al Congreso, ha reavivado una controversia de larga data en Paraguay: las jubilaciones parlamentarias, un sistema que muchos califican como ciudadanos de primera y que genera profunda indignación en amplios sectores de la sociedad.
Mientras el proyecto de ley busca subsanar el creciente déficit de la Caja Fiscal —que acumuló pérdidas millonarias en dólares en la última década y amenaza con un colapso financiero en los próximos años—, la atención pública se centra en la disparidad inequitativa entre los requisitos para los ciudadanos comunes y los que rigen para senadores y diputados.
Para un trabajador paraguayo afiliado al IPS o al régimen general, acceder a una jubilación ordinaria exige generalmente 30 años de aportes (o 25 en algunos casos), junto con una edad mínima que ronda los 60 años, dependiendo del régimen. En contraste, los parlamentarios operan bajo un régimen especial regulado por la Ley Nº 6112: pueden acceder a una jubilación extraordinaria con solo 10 años de aportes (equivalentes a dos periodos legislativos), siempre que alcancen los 55 años de edad, percibiendo un haber que puede llegar al 50-60% de su dieta más gastos de representación —montos que...
Este beneficio ha sido calificado como un “privilegio injusto” y una “jubilación VIP”. Es inaceptable que mientras miles de paraguayos luchan por llegar a los 30 años de aportes en condiciones precarias —muchos en empleos informales o de bajos ingresos—, los representantes del pueblo se beneficien de reglas laxas que parecen diseñadas para perpetuar privilegios.
Esta inequidad no solo genera malestar social, sino que erosiona la confianza en las instituciones, más aún cuando el propio Presidente, Santiago Peña, ha sido señalado por defender a la Caja Parlamentaria. ¿Es justo que los que hacen las leyes se protejan a sí mismos mientras el resto del país enfrenta incertidumbre previsional?. La percepción es clara: la élite política opera bajo un conjunto de reglas que no se aplica al resto de la población.
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