El Poder Ejecutivo finalmente remitió al Legislativo el tan postergado proyecto de ley “que establece medidas para la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones del sector público”, comúnmente conocido como Caja Fiscal. Los gremios docentes ya se declararon “en pie de guerra” y seguramente les seguirán los de otros sectores afectados, pero esto era esperable. Aparte de ello, la muy necesaria reforma se enfrenta con otros dos serios obstáculos. El primero es que el Gobierno dejó pasar demasiado tiempo y puede que ahora ya sea demasiado tarde. El segundo es que los miembros de este Congreso no tienen autoridad moral para imponerles a los demás funcionarios públicos sacrificios que ellos mismos no están dispuestos a asumir, de lo cual también es culpable Santiago Peña. Prácticamente todos los especialistas de distintas corrientes –con muy contadas excepciones, sobre todo entre quienes promueven una expansión desmedida del gasto estatal y de la emisión monetaria–, así como agentes económicos, personas informadas, organismos internacionales y calificadoras de riesgo, coinciden en que la reforma de la Caja Fiscal, cuyo déficit casi se duplica cada año en progresión geométrica, es crucial, tanto para darle cierta viabilidad al sistema de jubilaciones y pensiones de los funcionarios como para la misma sostenibilidad de las finanzas públicas.
El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, señaló que la pérdida acumulada entre 2014 y 2025 asciende a más de 1.500 millones de dólares, financiados con impuestos extraídos a la ciudadanía, y que es alarmante “la velocidad del deterioro adicional”. Si no se hace nada, se prevé un colapso total para 2028, lo cual significa que todos los segmentos entrarán en saldo rojo, los ingresos cubrirán apenas una parte cada vez menor, y todas las jubilaciones, presentes y futuras, tendrán que ser solventadas por el Tesoro Nacional, a expensas de programas de salud, educación,...
Para tener una idea de la gravedad de la situación, el economista y exministro de Hacienda César Barreto estimó que el Gobierno va a tener que elevar el IVA al 12,5% ya en 2026 si pretende absorber ese déficit, mantener las metas macroeconómicas, de lo que depende el grado de inversión del país, y que le alcance para cancelar las deudas vencidas con contratistas de obras, farmacéuticas, proveedores de Hambre Cero y otros.
Fernández Valdovinos pone énfasis en la edad de retiro. Hay sectores, como magisterio, docentes universitarios, policía y militares, que pueden retirarse a edades muy tempranas, con lo cual se amplía demasiado el lapso, y con ello el costo, de sus respectivas jubilaciones, muy por encima de sus aportes.
Una de las principales innovaciones del proyecto es establecer la edad mínima de 57 años para maestros y docentes con el 88% de la asignación, y de 62 años con el 100%, que es la que rige para la administración pública en general. También se introducen cambios en el régimen de las fuerzas públicas y se elevan los descuentos del 16% al 19%, más 3% como aporte del Estado en carácter de empleador.
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