Una investigación interna del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, encabezada por su presidente, Francisco Ruiz Díaz,
Una investigación interna del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, encabezada por su presidente, Francisco Ruiz Díaz, derivó en la destitución de tres altos directores tras detectarse indicios de una maniobra administrativa que habría buscado perjudicar al Estado mediante la adjudicación irregular de 500 hectáreas de tierras públicas a precio subsidiado. Los funcionarios desvinculados son Gustavo Torres, José Brossi y Jorge Vázquez.
La trama administrativa se remonta a 1996, cuando Aníbal da Silva solicitó al entonces Instituto de Bienestar Rural —presidido en ese momento por Hugo Halley Merlo— la verificación de su ocupación de un inmueble de 500 hectáreas en la Colonia Fidel Maíz, alegando haber adquirido los derechos de ocupación de Autora Troche. El pedido ya generaba dudas, porque el Estatuto Agrario vigente entonces limitaba a 100 hectáreas la superficie adjudicable por beneficiario.
Una resolución institucional autorizó al funcionario Víctor Carvajal a verificar la ocupación. Su informe confirmó la posesión del predio y detalló mejoras introducidas. En enero de 1997 el organismo llegó a cobrarle al ocupante 133,5 millones de guaraníes por la totalidad de la superficie, calculados a razón de 250.000 guaraníes por hectárea.
Meses después, Aníbal da Silva comunicó que abandonaba la explotación y cedía sus derechos a su hermano, Raimundo da Silva. Una nueva inspección confirmó que este último ocupaba el terreno y poseía 150 cabezas de ganado. Sin embargo, en noviembre de 1999 la asesora jurídica Raquel Britez recomendó rechazar la pretensión de adjudicarle las 500 hectáreas y limitarla a 60, señalando que no existía fundamento técnico ni mejoras productivas que justificaran semejante extensión.
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