La educación superior no puede reducirse a una transacción académica entre una universidad y su estudiante. Es, ante todo, un bien público, y como tal, su regulación pertenece a la esfera de la rectoría del Estado. En Paraguay, esa rectoría se ejerce a través del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), conforme lo dispone la […]
La educación superior no puede reducirse a una transacción académica entre una universidad y su estudiante. Es, ante todo, un bien público, y como tal, su regulación pertenece a la esfera de la rectoría del Estado. En Paraguay, esa rectoría se ejerce a través del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), conforme lo dispone la Ley 4995/2013.
La Ley N.º 7324/2024, que establece los requisitos de competencia lingüística para estudiantes extranjeros, responde plenamente a ese principio: protege el carácter oficial de nuestros idiomas, asegura la integración académica y social de quienes vienen de fuera, y preserva la coherencia institucional del sistema educativo nacional.
El proyecto presentado en 2025 para modificar dicha ley —bajo el argumento de su supuesta rigidez— no representa una ampliación técnica ni una mejora del sistema, sino una desnaturalización del modelo de certificación que garantiza imparcialidad y transparencia.
Su verdadero efecto sería privatizar la certificación lingüística, permitiendo que las propias instituciones de educación superior emitan los certificados de idioma a sus propios alumnos extranjeros, con la mera supervisión del Ministerio de Educación y Ciencias. En la práctica, esto significaría que cada universidad podría evaluar y acreditar a sus propios estudiantes, generando una fragmentación normativa y una pérdida del estándar nacional.
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