El presidente Santiago Peña, por medio del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), solicitó al Senado el tratamiento de un proyecto de ley que busca aprobar un crédito de US$ 400 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Este financiamiento está enmarcado en el programa Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad del organismo, destinado a promover la sostenibilidad ambiental y, en parte, reestructurar la deuda pública.
El proyecto que aprueba una línea de financiamiento en Derechos Especiales de Giro, tiene como objetivo proveer recursos a largo plazo para países que implementen reformas orientadas a reducir riesgos en la balanza de pagos, abarcando temas como el cambio climático y la preparación ante pandemias.
Entre las reformas que el FMI habilita realizar con dichos fondos se incluyen políticas climáticas, como la resiliencia de las inversiones públicas, la contención de riesgos climáticos en el sistema financiero, la preservación de la matriz energética limpia, la descarbonización de la economía, y la mejora en la gestión de residuos. Además, parte del dinero estaría destinado a la reestructuración de la deuda externa, algo también permitido por el FMI.
La crítica que realizan los detractores del proyecto es que, con la ley el Poder Ejecutivo busca que la línea crediticia sea aprobada sin especificar inicialmente el destino de los recursos, otorgando al MEF la facultad de definir su utilización, siendo que el Congreso es el poder que elabora el presupuesto general de la nación.
El préstamo cuenta con un plazo extendido y un período de gracia de un año y medio, con una tasa de interés del 5,4% anual, la cual incluye el margen por encima de la tasa de los Derechos Especiales de Giro (DEG) y comisiones adicionales.
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