El poder de las pandillas brasileñas y clanes criminales locales, combinado con políticas de gobierno deficientes, han propiciado el crecimiento continuo del tráfico de cocaína en Bolivia en los últimos años. Y el mercado legal de la coca en Bolivia no es suficiente para contrarrestar la demanda internacional de cocaína y la violencia que esta economía trae aparejada.
Los episodios se acumulan. Entre enero y septiembre, han sido brutalmente asesinadas al menos 29 personas en el país, principalmente en conexión con el tráfico del alcaloide, según fuentes de la policía citadas por el diario boliviano Página Siete. Dieciséis de esas muertes ocurrieron en la provincia de Santa Cruz, en límites con Brasil, escenario de una guerra entre las principales agrupaciones criminales de ese país, el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC) y el Comando Rojo (Comando Vermelho, CV), por el control del tráfico de cocaína.
En septiembre, según los fiscales bolivianos, un traficante brasileño fue acribillado en Santa Cruz después de la presunta importación de cocaína de Bolivia hacia Brasil por un valor cercano a los US$60 millones.
Bolivia está a punto de cerrar uno de sus años más grandes en términos de decomisos de cocaína. En septiembre, el país había captado 14,5 toneladas de cocaína en lo corrido de 2022, el volumen más importante desde 2016, según el ministro de gobierno Eduardo del Castillo.
Para ahondar en estos temas, InSight Crime habló con Joaquín Chacin, especialista en seguridad y narcotráfico e investigador asociado de la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba, Bolivia.
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