Para la Corte, hay abogados que sólo b buscan dilatar los juicios e impedir la sentencia; para los abogados, esa es parte de su estrategia profesional.
La Corte Suprema de Justicia impulsa un proyecto de ley que busca regular las recusaciones, los reclamos, las impugnaciones y los incidentes en los juicios, más conocidos como «chicanas». El proyecto está en estudio en el Congreso Nacional. Sin embargo, un gremio de abogados penalistas se opone al documento y sostiene que justamente recurren a esos mecanismos como parte de la estrategia de defensa de su cliente.
Para la Corte, hay abogados que exageran con los citados procedimientos y lo único que buscan es dilatar los juicios y evitar que salga la sentencia. Para los abogados, es parte de su estrategia profesional. La Asociación de Abogados Penalistas del Paraguay divulgó un manifiesto criticando a la Corte porque justamente a ésta nadie le controla por dilatar los procesos, según dice el documento.
«El proyecto de ley que pretende modificar las disposiciones referentes a las recusaciones (llamado despectivamente antichicanas), tiene como único blanco al justiciable y a sus apoderados abogados sin importar el rol que cumplan en el proceso (querellante, accionante o procesado), al pretender eliminar o limitar indebidamente el libre ejercicio de los derechos al reclamo e impugnación ante los magistrados, ya sea por sus condiciones personales o por parcialidad, con motivos fundados que surjan antes o durante el desarrollo del proceso», dice el manifiesto.
Agrega que el documento atenta «gravemente contra el principio de igualdad ante la ley, la seguridad jurídica, el debido proceso y los derechos de las partes, (esto afecta a cualquier ciudadano y no solo a los profesionales del derecho) y de sus abogados representantes garantizados legalmente».
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