Autoridades condenadas por corrupción podrían ser inhabilitadas permanentemente. Así lo anunció el diputado disidente Ariel Oviedo. Dijo que tras el receso parlamentario urgirá el estudio, en comisiones, de un proyecto de ley al respeto.
Ariel Oviedo, diputado de la disidencia colorada. Foto: La Nación.
La normativa busca establecer la inhabilitación perpetua por actos de corrupción a los funcionarios públicos o de elección popular. De aprobarse alcanzaría a condenados por hechos punibles como enriquecimiento ilícito en la función pública; tráfico de influencias; intervención ilegítima en las contrataciones públicas; cohecho pasivo; cohecho pasivo agravado y; prevaricato.
Se aplicarán también a los hechos punibles previstos en leyes especiales tipificados como actos de corrupción, entre otros.El documento espera su análisis en las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación y Codificación, así como en Justicia, Trabajo y Previsión Social, refiere un comunicado de prensa de la Cámara Baja.
Oviedo es el proyectista y explicó en el documento que la pena de inhabilitación puede ser perpetua o especial y que la segunda se aplicará desde cinco a veinte años, según la gravedad del hecho punible. Igualmente, se contempla la creación del Registro Único de Condenados Inhabilitados por hechos punibles, dependiente de la Corte Suprema de Justicia.
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