La redistribución de la riqueza, tradicionalmente, se ha propuesto como uno de los fines de la política económica, partiendo de la base de que una mejora en el bienestar de todos los habitantes de una nación es un objetivo deseable por sí mismo. En su naturaleza, el sistema tributario tiene un propósito redistributivo. La equidad y eficiencia son objetivos esperados y valorados en un sistema tributario. Idealmente, se desea alcanzar simultáneamente el máximo de equidad y el máximo de eficiencia. Sin embargo, en la práctica, es necesario elegir entre ellos.
Generalmente, para lograr una mayor cantidad de uno de los objetivos, se debe estar dispuesto a sacrificar alguna magnitud del otro. Por tanto, la elección entre ambos objetivos es una decisión sumamente relevante para una sociedad, ya que involucra un gran costo de oportunidad. Cualquier decisión redistributiva es una elección entre más equidad y menos eficiencia o más eficiencia y menos equidad.
Usualmente, en debates sobre las reformas de un sistema tributario, los participantes suelen dividirse entre pro equidad y pro eficiencia. Consecuentemente, cualquier reforma tributaria implica un intercambio entre ambos objetivos, buscando que el sistema tributario sea lo menos distorsivo posible. Por lo cual, llegar a acuerdos sobre los cambios a implementar en las negociaciones de reformas tributarias suele ser extremadamente dificultoso.
Para la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE), la relación entre los impuestos y el Producto Interno Bruto (PIB) refleja el nivel de recaudación tributaria de los gobiernos, que utilizan para financiar la provisión de bienes y servicios públicos y la inversión en infraestructura. Por tanto, los impuestos están diseñados para contribuir al desarrollo económico de los países.
Sin embargo, esta premisa no siempre se observa. Por ejemplo, en el caso del Paraguay, el país forma parte de un grupo de naciones donde los ingresos tributarios son destinados a financiar la planilla salarial, en aproximadamente 80%, antes que a proyectos y programas de impacto social y económico.
Leer la nota completa en Diario ABC
