La directora ejecutiva del Centro de Estudios Judiciales, María Victoria Rivas, pidió a los diputados dar una respuesta rápida a la crisis política existente y acelerar los procesos de pérdida de investidura que se presenten contra legisladores.
Posturas divergentes entre juristas y constitucionalistas surgieron ayer en la primera reunión de la comisión especial, presidida por el diputado Pastor Vera Bejarano (PLRA), que se encargará de elaborar un reglamento para aplicar la expulsión de un parlamentario.
Mientras que Rivas considera que la investidura es un bien público que significa ética y honorabilidad, para Lezcano Claude perder la investidura se debería dar en los casos de uso indebido de influencias vinculado a una intervención judicial y a una condena.
Rivas mencionó que la reglamentación de un procedimiento de pérdida de investidura se puede dar tanto por un proyecto de ley como por un reglamento. Sin embargo, Lezcano Claude afirmó de forma tajante que la reglamentación se debe hacer a través de un proyecto de ley. Argumentó que sería un error que por medio de un reglamento se interprete un artículo constitucional.
El exconstitucionalista sostiene que debe ser la Justicia Electoral la que juzgue la pérdida de investidura de los parlamentarios. Mientras que Rivas sostiene que la Cámara de Diputados tiene la legitimidad para juzgar a sus pares.
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